¿Una opción oportuna?

Hace más de diez años que entraron en el mercado español, pero son todavía unos desconocidos. Los esfuerzos llevados a cabo por la Administración en esta década para fomentar en España una cultura del genérico no tuvieron el éxito esperado. La deficitaria educación sanitaria en torno a los genéricos tiene todavía que superar muchos recelos, incluso entre los propios médicos.

La decisión de la Consellería de Sanidade de poner en marcha un catálogo de medicamentos abrió heridas en los colectivos afectados. El departamento de Pilar Farjas solo buscaba un ahorro para mantener el sistema de salud público, aunque no contaba encontrar tantas piedras en el camino.

Pero lo que no se puede negar es la constancia de la conselleira, que luchó contra viento y marea para sacar adelante su proyecto. Ayer mismo recibió el apoyo del TSXG, que rechazó la demanda de la Federación de Farmacias de Galicia que reclama la suspensión del decreto por el que entró en vigor el catálogo de medicamentos, y autoriza al Gobierno autónomo para que siga aplicando su catálogo de medicinas a bajo precio.

Los argumentos que dio el Tribunal Superior son un estacazo para las farmacias, ya que considera que el recurso, cuando da argumentaciones sobre la ineficacia de los genéricos frente a los que no lo son, no van acompañadas de pruebas documentales o de informes que avalen esta premisa. Y, a falta de pruebas de que se esté jugando con la salud de los gallegos, los jueces dictaminaron que no existe riesgo que obligue a suspender el plan de ahorro puesto en marcha por la Xunta.

Esa es la clave del problema planteado por los colectivos que se oponen. «Deberían de saber que los genéricos son medicinas que cuentan con el visto bueno de la Agencia Española del Medicamento y tienen las mismas propiedades que los fármacos con marca comercial», señala Farjas. Por lo tanto, cualquier duda sobre desigualdad en la eficacia terapéutica, estaría fuera de sospecha sobre su efectividad.

No quiere esto decir que la Xunta vaya a sacar adelante su proyecto de rebaja en la factura que los gallegos pagan para el cuidado de su salud. Depende del recurso de Farmaindustria y del que presentó el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.

Los argumentos de quienes se oponen al catálogo se centran en la discriminación que sufrirán los pacientes gallegos con respecto a los de otras comunidades al no poder acceder a determinados fármacos. Algo que muchos ven como una falacia.